Abrir en días festivos

Paso corriendo por delante de la puerta del Corte Ingles y leo de refilón ‘Abierto día 12 de Octubre’ y debajo bien grande ‘Dia del Pilar’. Claro, a pesar de la alegría que nos han dado algunas Comunidades Autónomas de poner como día festivo autonómico el Lunes 13, cabía esperar que, gracias a la Ley de Horarios Comerciales de 2004, no todos los españoles pudiéramos disfrutar del Día de la Fiesta Nacional.

No sé si el sr Isidoro Alvarez y el resto del consejo de administración del Grupo El Corte Inglés pensarán que abriendo algunos domingos y días festivos va a incrementar las ventas, o a capear el temporal de crisis que tenemos todos encima, pero me parece injusto que por afán de lucro se impida a algunos disfrutar del día de descanso familiar promoviendo además una cultura consumista que a nadie favorece. Por mi parte y la de mi familia, no vamos nunca de compras los domingos por esta razón: por solidaridad con los empleados de esos centros comerciales, pero sobre todo, porque el Domingo es día de fiesta (para los cristianos, Día del Señor), de descanso, de encuentro familiar… Aunque a los empleados se les dé algún día libre por domingo/festivo trabajado, no es igual ¿que haría usted un martes con su mujer trabajando, los niños en el colegio, los amigos en sus negocios? Vaya ‘festivo’.
(09/10/08)

Avances en educación, si

Estos días ha saltado a la palestra el debate sobre educación diferenciada en España y, personalmente, me llaman la atención algunas declaraciones en contra de los centros que imparten docencia este modelo educativo.

En la actualidad, frente a los avances científicos tan importantes que ha habido en los últimos años en ámbitos como la neurociencia, la psicología y la pedagogía, resulta chocante que se discrimine una opción pedagógica, avalada tanto por estudios científicos como por experiencias prácticas en diversos países, por un mal entendido “sexismo”. Creo que negar un tipo de enseñanza frente a un modelo estatal único es privar a la sociedad de un crecimiento plural, enriquecido por diferentes perspectivas pedagógicas que, siempre de acuerdo con la constitución psíquica y psicológica de las personas, ofrecen soluciones eficaces para mejorar el nivel educativo de los ciudadanos.

Por otro lado, el Estado tiene obligación de salvaguardar tanto el derecho a la educación de todos los niños, como la libertad de los padres a educarlos de la manera que ellos consideren mejor. Ambos derechos deberían ser paralelos, y por tanto, es papel del Estado, mediante los conciertos y otras ayudas, facilitar el acceso de todos los ciudadanos al centro de su elección fomentando en la educación española, una perspectiva de enriquecimiento plural.

(17/7/08)

Crisis más profunda

Crisis más profunda
Leyendo algunas de las conclusiones del Congreso del PSOE celebrado este fin de semana, pienso que han perdido una oportunidad más para crecer en credibilidad y firmeza ante la ciudadanía, como partido gobernante. No se ha hablado de medidas concretas para afrontar la crisis económica en sus diferentes facetas: incremento del paro, inflación, subida de tipos e interés,… que están afectando a sus votantes y, por extensión, a toda España, y que han tenido la desfachatez de obviar dirigiendo sus propuestas a empeorar otro ámbito también crítico.

La reiterada alusión a la ampliación de la ley del aborto, a la eutanasia o a su particular cruzada contra la Iglesia en este congreso, demuestran que los intereses del PSOE no buscan la calidad de vida de sus ciudadanos, tanto personal como económicamente, sino la implantación de una ideología muy concreta por encima de la libertad constitucional de todos a tener nuestras propias convicciones y manifestarlas. Y olvidando que cualquier ser humano, en cualquier fase de su desarrollo personal, tiene un valor infinito que el Estado ha de respetar y apoyar. Las propuestas que obvian este derecho fundamental, abren la puerta a toda clase de abusos, a la deshumanización de la sociedad, al utilitarismo, y en definitiva, a una crisis de valores sociales aún más difícil de superar, y cuyas consecuencias estamos empezando ya a sufrir.
(07/07/08)

Admitir la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía

Creo que ante Educación para la Ciudadanía, los que pensamos que es una intromisión inadmisible del Estado en la vida privada de las familias y un ataque a su derecho a educar a sus hijos en sus convicciones personales, debemos ir a la par.

Admitir la objeción de conciencia de padres y alumnos (a partir de los 16 años ya pueden ser objetores) supone un problema para las Comunidades Autónomas pues son quienes deben buscar un lugar a esos niños objetores ya que tienen en sus manos la responsabilidad educativa de los mismos; también supone para los colegios habilitar aulas, solucionar tensiones y diferencias entre el alumnado y correr el riesgo, en el caso de los concertados, de perder el apoyo económico que suponen los conciertos.

Colaboración, no sustitución

Existe una tendencia en algunos medios a presentar el núcleo de la polémica generada con la asignatura de educación para la ciudadanía en los contenidos que se imparten en ella. Se dice que los objetores están en contra de que se dé lecciones de sexualidad y afectividad en las aulas y, sin embargo la razón de la objeción de conciencia ante esta asignatura está en el objetivo de la asignatura: formar la conciencia de los escolares de acuerdo con unos presupuestos éticos y antropológicos predeterminados por el Estado.

Esto supone una intromisión de los poderes públicos en el ámbito familiar donde los padres, por una razón de amor, primero dan la vida y luego acompañan transmitiendo a sus hijos el patrimonio de valores y actitudes que ellos consideran más adecuado para que consigan ser buenas personas y sean felices.

Olimpismo vs Política

En medio de un grave conflicto político, la antorcha olímpica se va acercando a Pekín, mientras se ultiman preparativos y acuerdos para que la cita deportiva más importante del mundo se celebre de manera acorde con el lema elegido para esta edición: un mundo, un sueño. Las autoridades chinas insisten en que no se politice este evento que atrae la atención internacional, con las disputas internas de Tibet y Taiwan por la independencia.

España en nuestras manos

Esta semana empieza la campaña electoral; lo que hemos visto y oído hasta ahora no ha sido más que el aperitivo de las promesas de los candidatos a presidir España. Empiezan los mítines, los debates cara a cara, y otros actos de propaganda política y a los ciudadanos de a pie nos toca escuchar, reflexionar, evaluar argumentos y promesas de futuro para decidir quién ofrece mejores garantías para dirigir el desarrollo económico y social de nuestro país en los próximos cuatro años.

No es una tarea fácil ya que el ambiente no acompaña: la crisis económica se ceba en nuestros bolsillos, en el empleo de cientos de miles de ciudadanos haciendo peligrar también la supervivencia de empresas y empresarios; tampoco acompaña la inseguridad existente en algunas comunidades por la presión nacionalista y el fantasma del terrorismo; ni tampoco la superficialidad que está calando a través de los medios de comunicación sobre temas que atentan directamente contra la dignidad del ser humano como son el aborto, el divorcio, la definición de matrimonio o la educación.

Sin embargo, la mayor parte de los votantes disponemos de información accesible para valorar el alcance que puede tener una ley parcialista, unas declaraciones a destiempo o un gobierno sin visión de conjunto sobre la ciudadanía, sobre la sociedad, sobre los valores personales de cada uno. Además, el papel del ciudadano en política es cada vez más activo, cuenta más: así lo demuestra el incremento de asociaciones y fundaciones en los últimos años y su participación en la vida pública de muy diversos modos. Por todo ello, pienso y creo que bastantes estarán de acuerdo conmigo, que nuestro futuro no está en manos de nuestros políticos sino en las nuestras y por ello, no debemos dejar pasar esta oportunidad de buscar con nuestro voto aquella opción que respete los valores fundamentales de todos los españoles y que garantice escucha, respeto y servicio a todos. Difícil, pero creo que esta vez podemos y debemos exigirlo

Aconfesional, no laicista

Conviene aclarar algunos términos que resultan confusos ante quienes defienden una España constitucionalmente laica. Porque resulta incoherente que, a la vez que definen la supuesta laicidad del Estado Español como un marco de libertad que asegura la democracia y la convivencia pacífica entre los españoles, unos pocos impongan de hecho un pensamiento único con una nota esencial: el ataque a la dimensión religiosa de la persona y a sus manifestaciones públicas.

Sin embargo, en la Constitución española no se nombra en ningún momento los términos laico o laicidad como garantes de la democracia, sino que se subraya el carácter aconfesional del Estado («Ninguna confesión tendrá carácter estatal»art 16.3). Es decir, el Estado no impondrá ninguna creencia, pero sí garantizará la libertad individual de cada uno a vivir según sus propias convicciones y a que sus hijos se eduquen en ellas (art 27.3). ¿Por qué se intenta ahora contraponer las creencias a la vida pública? ¿Por qué este ataque cada vez más radical a todo lo que suene a religión haciéndolo incompatible con lo democrático, lo plural?

Todos, independientemente de nuestro credo o ideas, buscamos lo mismo: el bien común y el progreso de la sociedad, y no creo que la manera de conseguirlo sea expulsar del ámbito social la dimensión espiritual de la persona que todos tenemos y manifestamos de diferentes modos. Hacerlo así significa imponer un modo de pensar unívoco que, además de atentar contra la conciencia de muchos y su libertad religiosa y de pensamiento, empobrece a la sociedad porque elimina el rico legado cultural y religioso que cada uno, sólo por el hecho de haber nacido en España, llevamos impreso.

(13/12/06)

Aconfesionalidad bien entendida

Estos días se están publicando numerosas afirmaciones que contradicen uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución: la aconfesionalidad del Estado. Creo que se está tergiversando su significado al afirmar que la Iglesia no tiene derecho a opinar sobre las diversas opciones, atacándola de manera violenta cuando, además de ejercer su papel de Madre y Maestra de los cristianos, ha usado, como cualquier otro ente social, su derecho más básico a la libertad de expresión.

No creo que las últimas orientaciones emitidas por dicha institución hayan descubierto nuevas perspectivas de voto ya que todos los españoles estamos siendo testigos de la burla del diálogo con ETA que no ha alcanzado la paz y la tranquilidad que pedíamos al Gobierno, del desprestigio que está sufriendo el matrimonio y la familia (antes célula básica de la sociedad, ahora un tipo de relación interpersonal pasajera e inestable), de la falta de libertad para educar de acuerdo con las convicciones personales de cada uno, del abuso de la ciencia médica en la investigación y el uso indiscriminado del aborto como solución única a los problemas por encima del derecho a la vida y a la maternidad.

La aconfesionalidad del Estado implica que todos, independientemente de nuestro credo, busquemos lo mismo: el bien común y el progreso de la sociedad, pero no expulsando del ámbito social la dimensión espiritual de la persona que cada uno manifiesta de diferentes modos. Hacerlo así significa imponer un modo de pensar unívoco que, además de atentar contra la conciencia de muchos y su libertad religiosa y de pensamiento, empobrece a la sociedad porque elimina el rico legado cultural y religioso que cada uno, sólo por el hecho de haber nacido en España, llevamos impreso.

Ante el debate sobre el aborto

He leído las últimas declaraciones del Gobierno sobre el debate del aborto en España. Me parece incoherente que considere una decisión dolorosa la interrupción del embarazo y luego sus medidas las dirija a limitar las inspecciones públicas de los centros de aborto, con el pretexto de garantizar la confidencialidad e intimidad de las mujeres y de los profesionales que les practican el aborto.

Si el aborto es un mal para la mujer – ella también es víctima-, ¿por qué no habla de alternativas para que las mujeres con dificultades puedan seguir adelante con su embarazo? ¿Por qué se ponen trabas a las inspecciones de las clínicas privadas cuando, como en el caso Morín, se han destapado las masacres que se realizan en muchas de ellas, con incumplimiento, incluso, de la ley vigente? ¿No se deberían tomar medidas de apoyo a la maternidad, sobre todo en situaciones límite de la madre?

La mujer debe estar completamente informada sobre lo que es el aborto y sus consecuencias (no hay que esconderle las imágenes), y debe recibir un apoyo económico y social de la Administración Pública para que ninguna se plantee el aborto como salida a su problema, pues están en juego la vida del hijo y su propia salud psíquica ( también hay riesgos para la salud física).

El aborto añade problemas; eso, si no agrava los existentes.
(4/2/2008)