Conviene aclarar algunos términos que resultan confusos ante quienes defienden una España constitucionalmente laica. Porque resulta incoherente que, a la vez que definen la supuesta laicidad del Estado Español como un marco de libertad que asegura la democracia y la convivencia pacífica entre los españoles, unos pocos impongan de hecho un pensamiento único con una nota esencial: el ataque a la dimensión religiosa de la persona y a sus manifestaciones públicas.
Sin embargo, en la Constitución española no se nombra en ningún momento los términos laico o laicidad como garantes de la democracia, sino que se subraya el carácter aconfesional del Estado («Ninguna confesión tendrá carácter estatal»art 16.3). Es decir, el Estado no impondrá ninguna creencia, pero sí garantizará la libertad individual de cada uno a vivir según sus propias convicciones y a que sus hijos se eduquen en ellas (art 27.3). ¿Por qué se intenta ahora contraponer las creencias a la vida pública? ¿Por qué este ataque cada vez más radical a todo lo que suene a religión haciéndolo incompatible con lo democrático, lo plural?
Todos, independientemente de nuestro credo o ideas, buscamos lo mismo: el bien común y el progreso de la sociedad, y no creo que la manera de conseguirlo sea expulsar del ámbito social la dimensión espiritual de la persona que todos tenemos y manifestamos de diferentes modos. Hacerlo así significa imponer un modo de pensar unívoco que, además de atentar contra la conciencia de muchos y su libertad religiosa y de pensamiento, empobrece a la sociedad porque elimina el rico legado cultural y religioso que cada uno, sólo por el hecho de haber nacido en España, llevamos impreso.
(13/12/06)
