España en nuestras manos

Esta semana empieza la campaña electoral; lo que hemos visto y oído hasta ahora no ha sido más que el aperitivo de las promesas de los candidatos a presidir España. Empiezan los mítines, los debates cara a cara, y otros actos de propaganda política y a los ciudadanos de a pie nos toca escuchar, reflexionar, evaluar argumentos y promesas de futuro para decidir quién ofrece mejores garantías para dirigir el desarrollo económico y social de nuestro país en los próximos cuatro años.

No es una tarea fácil ya que el ambiente no acompaña: la crisis económica se ceba en nuestros bolsillos, en el empleo de cientos de miles de ciudadanos haciendo peligrar también la supervivencia de empresas y empresarios; tampoco acompaña la inseguridad existente en algunas comunidades por la presión nacionalista y el fantasma del terrorismo; ni tampoco la superficialidad que está calando a través de los medios de comunicación sobre temas que atentan directamente contra la dignidad del ser humano como son el aborto, el divorcio, la definición de matrimonio o la educación.

Sin embargo, la mayor parte de los votantes disponemos de información accesible para valorar el alcance que puede tener una ley parcialista, unas declaraciones a destiempo o un gobierno sin visión de conjunto sobre la ciudadanía, sobre la sociedad, sobre los valores personales de cada uno. Además, el papel del ciudadano en política es cada vez más activo, cuenta más: así lo demuestra el incremento de asociaciones y fundaciones en los últimos años y su participación en la vida pública de muy diversos modos. Por todo ello, pienso y creo que bastantes estarán de acuerdo conmigo, que nuestro futuro no está en manos de nuestros políticos sino en las nuestras y por ello, no debemos dejar pasar esta oportunidad de buscar con nuestro voto aquella opción que respete los valores fundamentales de todos los españoles y que garantice escucha, respeto y servicio a todos. Difícil, pero creo que esta vez podemos y debemos exigirlo

Aconfesional, no laicista

Conviene aclarar algunos términos que resultan confusos ante quienes defienden una España constitucionalmente laica. Porque resulta incoherente que, a la vez que definen la supuesta laicidad del Estado Español como un marco de libertad que asegura la democracia y la convivencia pacífica entre los españoles, unos pocos impongan de hecho un pensamiento único con una nota esencial: el ataque a la dimensión religiosa de la persona y a sus manifestaciones públicas.

Sin embargo, en la Constitución española no se nombra en ningún momento los términos laico o laicidad como garantes de la democracia, sino que se subraya el carácter aconfesional del Estado («Ninguna confesión tendrá carácter estatal»art 16.3). Es decir, el Estado no impondrá ninguna creencia, pero sí garantizará la libertad individual de cada uno a vivir según sus propias convicciones y a que sus hijos se eduquen en ellas (art 27.3). ¿Por qué se intenta ahora contraponer las creencias a la vida pública? ¿Por qué este ataque cada vez más radical a todo lo que suene a religión haciéndolo incompatible con lo democrático, lo plural?

Todos, independientemente de nuestro credo o ideas, buscamos lo mismo: el bien común y el progreso de la sociedad, y no creo que la manera de conseguirlo sea expulsar del ámbito social la dimensión espiritual de la persona que todos tenemos y manifestamos de diferentes modos. Hacerlo así significa imponer un modo de pensar unívoco que, además de atentar contra la conciencia de muchos y su libertad religiosa y de pensamiento, empobrece a la sociedad porque elimina el rico legado cultural y religioso que cada uno, sólo por el hecho de haber nacido en España, llevamos impreso.

(13/12/06)

Aconfesionalidad bien entendida

Estos días se están publicando numerosas afirmaciones que contradicen uno de los principios fundamentales de nuestra Constitución: la aconfesionalidad del Estado. Creo que se está tergiversando su significado al afirmar que la Iglesia no tiene derecho a opinar sobre las diversas opciones, atacándola de manera violenta cuando, además de ejercer su papel de Madre y Maestra de los cristianos, ha usado, como cualquier otro ente social, su derecho más básico a la libertad de expresión.

No creo que las últimas orientaciones emitidas por dicha institución hayan descubierto nuevas perspectivas de voto ya que todos los españoles estamos siendo testigos de la burla del diálogo con ETA que no ha alcanzado la paz y la tranquilidad que pedíamos al Gobierno, del desprestigio que está sufriendo el matrimonio y la familia (antes célula básica de la sociedad, ahora un tipo de relación interpersonal pasajera e inestable), de la falta de libertad para educar de acuerdo con las convicciones personales de cada uno, del abuso de la ciencia médica en la investigación y el uso indiscriminado del aborto como solución única a los problemas por encima del derecho a la vida y a la maternidad.

La aconfesionalidad del Estado implica que todos, independientemente de nuestro credo, busquemos lo mismo: el bien común y el progreso de la sociedad, pero no expulsando del ámbito social la dimensión espiritual de la persona que cada uno manifiesta de diferentes modos. Hacerlo así significa imponer un modo de pensar unívoco que, además de atentar contra la conciencia de muchos y su libertad religiosa y de pensamiento, empobrece a la sociedad porque elimina el rico legado cultural y religioso que cada uno, sólo por el hecho de haber nacido en España, llevamos impreso.

Ante el debate sobre el aborto

He leído las últimas declaraciones del Gobierno sobre el debate del aborto en España. Me parece incoherente que considere una decisión dolorosa la interrupción del embarazo y luego sus medidas las dirija a limitar las inspecciones públicas de los centros de aborto, con el pretexto de garantizar la confidencialidad e intimidad de las mujeres y de los profesionales que les practican el aborto.

Si el aborto es un mal para la mujer – ella también es víctima-, ¿por qué no habla de alternativas para que las mujeres con dificultades puedan seguir adelante con su embarazo? ¿Por qué se ponen trabas a las inspecciones de las clínicas privadas cuando, como en el caso Morín, se han destapado las masacres que se realizan en muchas de ellas, con incumplimiento, incluso, de la ley vigente? ¿No se deberían tomar medidas de apoyo a la maternidad, sobre todo en situaciones límite de la madre?

La mujer debe estar completamente informada sobre lo que es el aborto y sus consecuencias (no hay que esconderle las imágenes), y debe recibir un apoyo económico y social de la Administración Pública para que ninguna se plantee el aborto como salida a su problema, pues están en juego la vida del hijo y su propia salud psíquica ( también hay riesgos para la salud física).

El aborto añade problemas; eso, si no agrava los existentes.
(4/2/2008)

De La Vega y el aborto

He leido las últimas declaraciones de Fernandez de La Vega, representando al Gobierno y su posición sobre el debate que se está librando sobre el derecho al aborto en España y me parece sumamente incoherente que éste considere una decisión dolorosa el tener que interrumpir el embarazo pero solo ponga medidas para limitar las inspecciones públicas de los centros en los que se practican abortos para garantizar la confidencialidad e intimidad de dichas mujeres y de los profesionales que lo practican dentro de los límites de la Ley.

Si el aborto es un mal para la mujer y debería ser el último recurso al que recurrir ¿por qué no se habla de alternativas para que esas mujeres con dificultades puedan seguir adelante con sus embarazos?¿Por qué se ponen trabas a la inspección de las clínicas privadas cuando, con el caso Morin, se han destapado la masacre que se realiza en muchas de ellas incumpliendo la Ley vigente?¿No se debería controlar al menos su cumplimento estricto?¿No se deberían tomar medidas de apoyo a la maternidad, sobre todo en situaciones límite como son las de cualquier mujer que se plantea abortar? Evidentemente, todo ello dentro de un marco de libertad y seguridad para la mujer, lo que incluye una información completa de lo que es el aborto y sus consecuencias, y un apoyo económico y social de la Administración Pública para que realmente el planteamiento de abortar sea el último recurso.