Quisiera puntualizar, tras leer las declaraciones del diputado Raimundo Benzal ante el primer caso de objeción de conciencia por la asignatura de Educación para la Ciudadanía en la Región de Murcia, que se trata de la puesta en práctica del derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones personales.
El currículo propuesto de la citada asignatura orienta un determinado comportamiento “cívico” basado en ciertos presupuestos morales con los que algunos podemos no estar de acuerdo; con esa orientación ideológica impuesta desde arriba, el Estado está interfiriendo en el ámbito privado de los valores personales de los ciudadanos al dictar qué conductas son merecedoras o no de respeto y contraponiendo una moral oficial a la educación en la familia.
Por tanto, considero que la decisión de objetar de la familia Marín Ortiz no es tan absurda como señala Benzal, ya que introduce que afectan directamente a la formación moral de los alumnos que solo corresponde a los padres, no a los centros educativos, tal como reconoce el artículo 27.3 de la Constitución Española y que el Estado debe respetar. Además, esta actuación implica que los padres tomen conciencia de su papel activo en la educación de sus hijos como ciudadanos del mañana y de su responsabilidad de no dejar en manos ajenas algo que es propio de su condición.
(5/06/07)
